Despido objetivo por faltas de asistencia justificadas

El Tribunal Constitucional ha publicado una Sentencia donde avala la extinción del  contrato por causas objetivas motivado por la falta de asistencias justificadas.  Dicha Sentencia responde a la cuestión de inconstitucionalidad respecto al art. 52.d) Estatuto de los Trabajadores.

En dicho artículo, se establece que se podrá extinguirse un contrato de trabajo si durante dos meses consecutivos hubiese un 20% de faltas de asistencia justificadas  respecto a la jornada laboral hábil y que además en los 12 meses anteriores un 5% de la jornada hábil o 25% en cuatro meses discontinuos dentro de los 12 meses. Pero  excepciona una serie de situaciones que no computan para dichos días, como son, por ejemplo, las faltas para recibir tratamiento de quimio o por incapacidad temporal de larga duración (más de 20 días).

Esta cuestión fue planteada a raíz del despido de una trabajadora por ausentarse 9 días hábiles, superándose el 20% de faltas dentro de los dos meses continuos y afirmándose que en los doce meses anteriores se había alcanzado el 5%. La trabajadora interpuso una demanda solicitando la nulidad del despido por vulneración de los derechos humanos, además, alego que el art. 52.d) E.T. coaccionaba al trabajador enfermo, ya que induce a que este no continúe en incapacidad temporal por temor a ser despedido.

El Tribunal Constitucional considera que no genera ninguna vulneración hacia la integridad física del trabajador, ya que,  para que esta se produjese, la actuación debería derivar en un riesgo o producir un daño para la salud del trabajador, considerando así que el art. 52.d) del E.T. no lo ocasiona.

Curiosamente, pocos días después de esta Sentencia del T.C. referida, se ha conocido otro despido por este mismo motivo. En este caso ha sido a la Presidenta del Comité de Empresa, debido a unas bajas intermitentes por IT durante dos meses consecutivos, superando el 20% de faltas justificadas. Este caso ha generado controversia, ya que hay Sindicatos que alegan que su posición como Presidenta del Comité fue determinante. Los Sindicatos exigen la derogación de ciertas reformas laborales.

Pese a este reciente revuelo, dicho artículo forma parte del E.T desde hace bastantes años, pero no se conocía con exactitud cómo podía ser utilizado en la práctica. Al final, se puede ver como su aplicación puede llegar a coaccionar al trabajador para que este no se ausente de su puesto de trabajo salvo en casos de extrema necesidad, ya que según el art.52.d) se podría despedir a partir de la octava falta producida en los dos meses consecutivos.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: NO HAY QUE PAGAR PLUSVALÍA CUANDO NO HAY INCREMENTO DEL VALOR

El Tribunal Constitucional, en Sentencia de fecha 1 de marzo de este año y hecha pública el 11 de mayo, declara la inconstitucionalidad y nulidad de tres artículos de la ley de Haciendas Locales, que gravan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) en la venta de inmuebles incluso si el propietario no obtiene ganancia económica.

El pasado mes de febrero, el mismo Tribunal se pronunció en los mismos términos respecto al régimen foral de Guipúzcoa. Pero con la nueva Sentencia de marzo esta nulidad afecta ya a las plusvalías de todo el territorio Español, siempre que la venta del inmueble conlleve pérdidas económicas para el vendedor, manteniéndose el impuesto sólo cuando exista un verdadero aumento de valor del terreno en el momento de la trasmisión. Es decir, el impuesto no desaparece ya que aquellos contribuyentes que vendan un inmueble y obtengan una ganancia con la transacción, deberán seguir abonándolo.

Según el Alto Tribunal, este impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo, cuando el objeto de este impuesto es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo.

Ahora está en manos del legislador modificar el impuesto conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional.

Según las Asociaciones de consumidores OCU y FACUA, tras esta Sentencia los contribuyentes que hayan vendido, donado o heredado inmuebles urbanos y hayan pagado este impuesto en los últimos cuatro años podrán reclamar en sus Ayuntamientos la devolución , siempre que no existieran beneficios o tuvieran pérdida de valor. En caso de que les nieguen la devolución, podrán acudir a los Tribunales. Si el impuesto se abonó hace más de cuatro años no se podrá reclamar por aplicación de la prescripción.

AFL Consulting, como equipo integrado de profesionales en economía y derecho, puede realizar un estudio de su caso particular, para determinar si usted tiene derecho a solicitar la devolución de lo pagado por este impuesto.  Este estudio inicial se realizará de forma gratuita para nuestros clientes.

Una vez estudiado su caso y con previsión de las cantidades con derecho a ser reclamadas se establecerá y se pondrá en marcha la vía, extrajudicial y/o judicial, en su caso, para obtener la devolución de las cantidades que correspondan.

Esperamos que la presente información haya sido de su interés, y recuerden que, para ampliar información sobre lo anterior puede ponerse en contacto con nosotros, su Asesoría en Alicante.

 

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