Nueva Ley Hipotecaria

El 16 de Junio de 2019 entró en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario introduciendo una serie de cambios, los cuales son:

Reparto de los gastos de hipoteca:

El cliente solo tendrá que pagar por la tasación y su copia de la escritura, mientras que el banco tendrá que pagar la gestoría, el registro, la notaría, el IAJD y su copia de escritura. Además, en caso de subrogación de acreedor para trasladar la hipoteca a otro banco, el nuevo banco será el que tendrá que pagarle una compensación al antiguo.

Protección del consumidor                                       

  • Una mayor información: el banco deberá entregar la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) donde se recoge las condiciones personalizadas para el cliente. Además también deberán facilitar la Ficha de Advertencia Estandarizada (FiAE), donde se deberá explicar de manera general las cláusulas o elementos más relevantes, una copia de contrato y en caso de que la hipoteca sea variable, un documento con lo que tendría que pagar en varios escenarios.
  • Visita al notario: los titulares de la futura hipoteca y los avalistas tendrán la obligación de ir al menos un día antes de la firma al notario para recibir asesoramiento gratuito y realizar un examen. En caso de que hubieran cláusulas que incumplieran la nueva normativa serán declaradas nulas de pleno derecho, por lo que no hay  un periodo de prescripción para denunciarlas.
  • Todas las reclamaciones y quejas en relación con los préstamos hipotecarios se tramitaran a través de la nueva entidad de resolución de litigios de consumo en el sector financiero.

Comisión por amortización anticipada

Solo se podrá cobrar si al banco  le genera una pérdida financiera. Los límites dependerán de si la hipoteca es variable o fija:

  • Variable. Como máximo podrá ser:
    • 0.25% durante los primeros tres años de vida del contrato.
    • 0.15% durante los primero cinco años del plazo del préstamo
    • Fuera de estos casos será del 0%.
  • Fija. Podría alcanzar:
    • 2% durante los 10 primeros años
    • 1.5% durante el resto del plazo

Plazo para embargar la casa

Se establece unos requisitos más restrictivos para poder activar la cláusula de vencimiento anticipado. Solo se  podrá iniciar cuando alcance los límites siguientes:

  • En la primera mitad del plazo: si excede un 3% del capital concedido o se alcanza un equivalente a 12 cuotas impagadas.
  • Segunda mitad: el porcentaje del capital impagado  deberá alcanzar el 7% o que las mensualidades de demora sean como mínimo 15.

Además se establece un interés de demora máximo de 3 puntos por encima del interés remuneratorio.

Cláusula suelo.

Se prohíbe para las hipotecas variables la aplicación de un interés mínimo. Pero si se mantendrá el interés mínimo del Euribor al 0% aunque el Euribor baje a un diferencial negativo.

Una mayor libertad para cambiar de banco

En caso de querer cambiar de compañía, aunque nuestra entidad realizase una contraoferta mejor o igual a la de la entidad a la que queramos cambiarnos no estamos obligados a aceptarla como antes.

Pasarse del tipo variable a fijo.

Ya sea mediante un pacto con la propia entidad o mediante una subrogación de acreedor para irse a otro banco, será un proceso mucho más barato. De hecho solo se cobrara durante los tres primeros años del plazo una comisión máxima de 0,15%.

Limites a los productos vinculados.

Se prohíben que los bancos obliguen a contratar otros productos para poder acceder a sus hipotecas. Pero si se permite las combinadas, es decir, el banco si podrá reducir el interés a cambio de que se suscriban a varios de sus servicios.

  • Se prevén dos excepciones a esta prohibición
    • El banco podrá exigir que se contrate un seguro de daños y/o de vida o de protección de pagos, pero se podrá contratar con otra entidad aseguradora sin ninguna penalización.
    • Y también será legal si se vincula la hipoteca con productos que sean beneficiosos para los clientes.

MEDIDAS PARA PALIAR DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES Y OTRAS CATÁSTROFES

En el B.O.E. del día 21 de septiembre se ha publicado el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas,

Este Real Decreto-ley regula una serie de ayudas y medidas para personas físicas, para empresas y para autónomos ubicados en los territorios afectados por temporales y catástrofes, siempre que acrediten los  daños.

En su artículo primero delimita las Comunidades Autónomas y Provincias declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia y que, por lo tanto, podrán acogerse a las medidas urgentes que regula. Entre las mismas se encuentra la provincia de Alicante por las fuertes lluvias ocurridas los días 25 a 27 de agosto de 2019 y por la DANA de los días 12 a 16 de septiembre de 2019. También incluye otras provincias u, CCAA como Illes Balears, Valencia, Región de Murcia, etc.

Entre las medidas se encuentran las siguientes:

  • Ayudas, tanto a personas físicas como a personas jurídicas, destinadas a paliar daños personales (como fallecimiento o incapacidad producidos directamente por el temporal o catástrofe) y daños materiales en enseres, viviendas y establecimientos empresariales.
  • Ayudas a producciones y explotaciones agrícolas y ganaderas, por la pérdida directa de más del 30% de su producción o por daños a elementos de la explotación no asegurables. Esta actividad también será beneficiaria de reducciones fiscales si acredita los daños directos a causa de los siniestros.
  • Las indemnizaciones por extinciones de contratos y determinadas cuotas de la Seguridad Social serán a cargo de la Administración por suspensiones o extinciones de contratos de trabajo, reducciones de jornada, derivados directamente por los siniestros.
  • En caso de daños o pérdidas en la actividad de la empresa o de los autónomos, se podrá conceder una moratoria de hasta un año sin intereses en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a tres meses consecutivos.
  • Los autónomos afectados por los siniestros podrán acceder a la prestación por cese de actividad aunque no hayan cumplido el periodo mínimo de cotización de 12 meses.
  • En caso de que el autónomo haya tenido que solicitar su baja a consecuencia del siniestro, no perderá las bonificaciones o reducciones a las que tuviera derecho al volverse a dar de alta como autónomo.
  • Otros beneficios fiscales:
  • Sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles: por daños directos que afecten a viviendas o establecimientos empresariales o similares.
  • Sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas: por daños directos que afecten a establecimientos empresariales o similares y bienes afectos a la actividad de las empresas o autónomos.

Todas estas ayudas y medidas deberán solicitarse previamente, debiendo acreditarse para su concesión el daño directo causado por las emergencias declaradas.

Si ha sufrido un daño y desea gestionar estas ayudas, no dude en ponerse en contacto con nosotros, su Asesoría en Alicante, para ofrecerle mayor información.

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DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

Con esta nueva circular queremos informaros de que es la declaración de utilidad pública, que requisitos son necesarios para poder acceder a ella y en que os puede beneficiar.

En primer lugar la declaración de utilidad pública es un reconocimiento administrativo que se le otorga a una asociación constituida para asumir una finalidad de interés general.

  • ¿Quiénes la pueden solicitar?

La podrán solicitar las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones que cumplan una serie de requisitos. Los cuales son:

  1. Que tengan fines promoción del interés general  y que sean de carácter educativo, cultural, deportivo, de promoción de los derechos humanos, de promoción de la mujer, fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia y cualesquiera otros de naturaleza similar.
  2. Que la actividad no beneficie exclusivamente a los asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos  por la índole de sus propios fines.
  3. Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas.
  4. Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.
  5. Que se encuentre constituida e inscrita en el Registro correspondiente, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
  6. Si la entidad solicitante fuera declarada de utilidad pública y quisiera aplicar el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002 deberá cumplir los requisitos estipulados en el art.3 de esa misma Ley.
  • ¿Cuáles son los beneficios?

Si cumples todos los requisitos y eres reconocido de utilidad pública tendrás los siguientes beneficios:

  1. Usar el reconocimiento en toda clase de documentos, a continuación de su denominación.
  2. Disfrutar de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas.
  3. Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.
  4. Asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica.
  5. ¿Se le ha reconocido esta característica a algún club deportivo?

Solo se les ha llegado a reconocer a tres, los cuales son:

EL Club de regatas, Montemar y el Club de Natació Manresa

MEJORAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD.

Hasta ahora, la llamada Ley de Segunda Oportunidad, “Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social”, que posibilita que los deudores puedan condonar parte de su deuda y aplazar y fraccionar la restante, no se aplicaba en la práctica a los créditos públicos, como los contraídos con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Pero a raíz de la reciente Sentencia de 2 de Julio de 2019 del Tribunal Supremo, el plan de pago aprobado judicialmente en los Juzgados mercantiles en aplicación de la citada Ley debe ser eficaz, e incluso, para los créditos públicos de las Administraciones, las cuales deben acatar, sin más y sin necesidad de ratificación posterior, la decisión judicial.

Así, en sede judicial los deudores podrán exonerar hasta el 70% de todas las deudas, incluida las de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, estableciéndose un Plan de aplazamiento para el resto de la deuda no condonada, siendo inmediatamente eficaz la decisión judicial para todos los acreedores, incluidos los públicos.

Según el Fundamento de Derecho Cuarto de esta Sentencia, la norma contiene una contradicción pues, por una parte, prevé un plan para asegurar el pago de créditos en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, y de otra remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos. Dicho Fundamento continúa diciendo que ”Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal. Esta contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el art. 178 bis LC (que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda), por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan”.

La aplicación práctica de esta doctrina facilitará mucho la vida a aquellos autónomos que deseen tener otra oportunidad, pues permitirá que puedan liberarse de una parte importante de sus deudas, aplazando el pago de las que queden, incluidas las de la Seguridad Social o las de la Agencia Tributaria.

Esperamos que la presente información haya sido de su interés, y recuerden que, para ampliar información sobre lo anterior también pueden ponerse en contacto con nosotros, su Asesoría en Alicante.

 
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SUBVENCIÓN: PROYECTOS DE CERTIFICACIÓN I+D+i

En el DOGV, con fecha de 27 de mayo de 2019, se ha publicado el Extracto de la Resolución del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de Certificación de I+D+i (CERTIFICA-CV) para el ejercicio 2019.

A continuación indicamos los puntos más importantes de dicho Extracto:

Beneficiarios:

Podrían ser beneficiarios las Pymes con sede social o establecimiento en la Comunidad Valenciana.

 Excluidas las empresas que hayan recibido ayudas.

Actuaciones subvencionables:

Serán susceptibles de apoyo los certificados encuadrados en alguna las actuaciones que a continuación se relacionan:

a) Actuación 1. Certificación de proyectos de I+D+i, desarrollados por las empresas beneficiarias a efectos de deducción fiscal

b) Actuación 2. Certificación de la dedicación exclusiva del personal a tareas de I+D+i c) Actuación 3. Certificación de la capacidad de innovación

Cuantía

– Actuaciones 1 y 2. Subvención a fondo perdido de hasta un 60 % del coste del certificado, con un máximo de 3.000 euros.

– Actuación 3. Subvención a fondo perdido de hasta un 75 % del coste del certificado, con un máximo de 1.000 euros.

Plazo

El plazo para presentar la solicitud finaliza el día 2 de julio de 2019.

Si quieren saber más pueden acceder al documento a través del siguiente enlace:

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/05/pdf/2019_5766.pdf

Esperamos que la presente información haya sido de su interés, y recuerden que, para ampliar información sobre lo anterior también pueden ponerse en contacto con nosotros, su Asesoría en Alicante

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La Comunicación con las Administraciones.

La mayoría de los ciudadanos y empresarios debemos estar en contacto con las diferentes administraciones públicas para poder realizar trámites y recibir notificaciones de éstas, según lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Actualmente, la administración pretende centralizar en un único portal web las diferentes comunicaciones y trámites que podemos realizar, sin embargo aún existen varios portales web.

Tanto las personas físicas como jurídicas podemos acceder a estos portales web de manera gratuita. El requisito para acceder a las diferentes sedes electrónicas es la obtención de un certificado digital o DNI electrónico.

Estas sedes electrónicas funcionan mediante un buzón electrónico. Es importante tener en cuenta que una vez que estemos registrados en ellas, dejaremos de recibir notificaciones en soporte papel a nuestro domicilio, por lo tanto, es conveniente revisar el buzón electrónico con frecuencia, ya que las notificaciones expiraran en un periodo de 10 días.

La Administración General del Estado dispone de la siguiente página web: https://administracion.gob.es. En ella podemos acceder a una pestaña denominada trámites, en la que se encuentra la Dirección Electrónica Habilitada ó 060. Los organismos emisores, de los que podemos recibir notificaciones de esta página, son la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y Entidades Locales.

Sin embargo, aún hay comunidades y localidades que disponen de sus propias sedes electrónicas, como en el caso de la Comunidad Valenciana (https://sede.gva.es) y el Ayuntamiento de Alicante (https://sedeelectronica.alicante.es).

La Seguridad Social dispone de una página web (https://sede.seg-social.gob.es) en la que se pueden gestionar las notificaciones administrativas de los diferentes organismos y entidades de la Seguridad Social. La Dirección General de Tráfico también dispone de una página web (https://sede.dgt.gob.es) en la que se pueden recibir notificaciones, en materia de tráfico de aquellas administraciones que dispongan de competencia sancionadora.

Para cerciorarnos de nuestra seguridad a la hora de realizar trámites mediante internet, debemos fijarnos que las páginas que la Administración General del Estado pone a nuestra disposición, deben estar bajo el dominio gob.es.

El Código LEI

Es un código identificador de entidad jurídica, global y único, basado en el estándar ISO17442. Se utiliza para identificar a las personas jurídicas que forman parte de transacciones financieras en cualquier parte del mundo.

También sirve para cumplir con los requisitos de información que establecen los mercados financieros, según lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea.

El objetivo principal de este código es mejorar la gestión de los riesgos financieros que se puedan producir. Las entidades que deben tener este código son las que operan con instrumentos financieros, como:

  • Bancos y compañías financieras.
  • Entidades que emitan acciones, deuda o valores.
  • Entidades que coticen en bolsa.
  • Entidades que comercialicen con acciones o deuda.

En España, el órgano que emite y regula este código es el Registro Mercantil, según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la unión europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.

Este código se puede solicitar vía internet en https://www.justicia.lei.registradores.org/, donde la persona jurídica deberá rellenar una serie de campos, para que finalmente pueda imprimir la solicitud que deberá ser firmada y presenta en el Registro Mercantil, junto con el justificante pago.

Una vez que el registrador verifique los datos del solicitante, éste recibirá el código por email en un plazo no superior a 15 días. Este código será válido durante un año, a partir de la fecha de emisión, por lo tanto tendrá que ser renovado cada año.

REGISTRO DE JORNADA DE TODOS LOS TRABAJADORES

El pasado 21 de marzo se publicó en este mismo blog un artículo dedicado a las medidas establecidas en el R. D. Ley 8/2019 publicado el día 12 del mismo mes.

Ese artículo hace especial referencia a la nueva obligación de registrar la Jornada de todos trabajadores, indicando que todas las empresas estarán obligadas a llevar un registro de entrada y salida de cada trabajador, ya tenga jornada parcial o completa.

Tal y como dijimos en el artículo del día 21 de marzo, el Real Decreto Ley, que introduce esta nueva obligación en cuanto a los trabajadores a tiempo completo, estaba pendiente de ser convalidado por el Congreso y, dicha convalidación se ha hecho efectiva el pasado miércoles día 3 de abril, por lo que el registro de la jornada de todos los trabajadores de la empresa se convierte en una obligación más para aquellas.

En concreto, este Real Decreto Ley introduce un nuevo apartado, el 9, en el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores con la siguiente redacción:

«9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Como se aprecia, la obligación conlleva registrar la hora de entrada y salida de cada día de trabajo y de cada trabajador.

El incumplimiento de esta medida será sancionado como infracción grave, según la nueva redacción del art. 7 de la LISOS.

Esta medida de registro entrara en vigor el día 12 de mayo de este año.


Esperamos que la presente información haya sido de su interés, y recuerden que, para ampliar información sobre lo anterior pueden ponerse en contacto con nosotros, su Asesoría en Alicante.

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Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

El pasado 5 de Marzo se aprobó el Real Decreto Ley 7/2019 de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, con el fin de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Esta reforma ha supuesto la modificación de los siguientes puntos:

  • El establecimiento de una prórroga del contrato, que será de 5 años para las personas físicas y de 7 años para las personas jurídicas.
  • El plazo para avisar a los inquilinos de la no renovación del contrato, será de 4 meses por parte del arrendador y de 2 meses por parte del arrendatario. En el caso de que llegue la fecha de vencimiento y ninguna de las dos partes comunique la no renovación del contrato, se prorrogará por 3 años más.
  • En el caso de que el propietario quisiera o se viera obligado a volver a la vivienda, por circunstancias personales o de necesidad, el inquilino deberá abandonar la vivienda, pero solo si dichas causas se encuentran establecidas en el contrato.
  • Durante la vida del contrato, el arrendador podrá modificar el precio de la renta en función de la variación del IPC. Está previsto el establecimiento de un índice estatal de referencia de precios para que exista un punto de referencia y un mayor control sobre los precios.
  • Las comunidades de propietarios, deberán incrementar su fondo de reserva en un 10% con el fin de destinarlos a la realización de obras para mejorar la accesibilidad, para ello la administración pública contribuirá, también, con un 75%.
  • Con respecto a las viviendas turísticas, estas deberán ser comercializadas o publicitadas a través de canales de ofertas turísticas. Sin embargo, este nuevo Real Decreto Ley, concede a las comunidades de propietarios la posibilidad de decidir si esta actividad puede darse o no, mediante una mayoría de tres quintos.
  • Fiscalmente se ha modificado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con el fin de bonificar un 95% a las viviendas que estén en alquiler. Por otra parte, a las viviendas que se encuentran desocupadas se les aplicará un recargo en dicho impuesto. Con respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedará eliminado de los alquileres.

Respecto a la normativa anterior, podemos sacar en conclusión que todas estas modificaciones tratan de proteger más al inquilino en este tipo de contratos.

SUBVENCION: AUTONOMOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En el DOGV de fecha 15 de marzo de 2019 se ha publicado el extracto de la Resolución de la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar los costes fijos de inclusión en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social dentro del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 2019.

1.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar dadas de alta en el régimen especial de autónomos.

b) Cumplir dentro del año natural de la convocatoria (2019) un período de cotización mínimo de tres años y máximo de cinco años ininterrumpidos.

c) Desarrollar su actividad económica a título lucrativo, de forma habitual, personal y directa en la Comunidad Valenciana.

d) No contar con más de nueve personas trabajadoras contratadas por cuenta ajena el día de publicación de la convocatoria.

e) Tener cumplidos ya los 19 años de edad.

2.- Objeto

El objeto es convocar, para 2019, ayudas para financiar los costes fijos de inclusión en el Régimen de Autónomos, de las personas trabajadoras autónomas de la Comunitat Valenciana que hayan cotizado o estén en condiciones de cotizar al menos tres años y hasta un máximo de cinco años ininterrumpidamente.

3.- Cuantía

La cuantía de la subvención será de 2.700 euros, salvo en los supuestos siguientes donde la subvención será de 2.850,00 €:

– Mujeres víctimas de violencia de género.

– Personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %.

– Personas víctimas del terrorismo.

– Personas con 48 o más años de edad.

4.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 21.03.2019 hasta el 03.04.2019, ambos días incluidos.

Esperamos que la presente información haya sido de su interés, y recuerden que, para ampliar información sobre lo anterior pueden ponerse en contacto con nosotros, su Asesoría en Alicante.

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