MEJORAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD.

Hasta ahora, la llamada Ley de Segunda Oportunidad, “Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social”, que posibilita que los deudores puedan condonar parte de su deuda y aplazar y fraccionar la restante, no se aplicaba en la práctica a los créditos públicos, como los contraídos con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Pero a raíz de la reciente Sentencia de 2 de Julio de 2019 del Tribunal Supremo, el plan de pago aprobado judicialmente en los Juzgados mercantiles en aplicación de la citada Ley debe ser eficaz, e incluso, para los créditos públicos de las Administraciones, las cuales deben acatar, sin más y sin necesidad de ratificación posterior, la decisión judicial.

Así, en sede judicial los deudores podrán exonerar hasta el 70% de todas las deudas, incluida las de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, estableciéndose un Plan de aplazamiento para el resto de la deuda no condonada, siendo inmediatamente eficaz la decisión judicial para todos los acreedores, incluidos los públicos.

Según el Fundamento de Derecho Cuarto de esta Sentencia, la norma contiene una contradicción pues, por una parte, prevé un plan para asegurar el pago de créditos en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, y de otra remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos. Dicho Fundamento continúa diciendo que ”Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal. Esta contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el art. 178 bis LC (que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda), por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan”.

La aplicación práctica de esta doctrina facilitará mucho la vida a aquellos autónomos que deseen tener otra oportunidad, pues permitirá que puedan liberarse de una parte importante de sus deudas, aplazando el pago de las que queden, incluidas las de la Seguridad Social o las de la Agencia Tributaria.

Esperamos que la presente información haya sido de su interés, y recuerden que, para ampliar información sobre lo anterior también pueden ponerse en contacto con nosotros, su Asesoría en Alicante.

 
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SUBVENCIÓN: PROYECTOS DE CERTIFICACIÓN I+D+i

En el DOGV, con fecha de 27 de mayo de 2019, se ha publicado el Extracto de la Resolución del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de Certificación de I+D+i (CERTIFICA-CV) para el ejercicio 2019.

A continuación indicamos los puntos más importantes de dicho Extracto:

Beneficiarios:

Podrían ser beneficiarios las Pymes con sede social o establecimiento en la Comunidad Valenciana.

 Excluidas las empresas que hayan recibido ayudas.

Actuaciones subvencionables:

Serán susceptibles de apoyo los certificados encuadrados en alguna las actuaciones que a continuación se relacionan:

a) Actuación 1. Certificación de proyectos de I+D+i, desarrollados por las empresas beneficiarias a efectos de deducción fiscal

b) Actuación 2. Certificación de la dedicación exclusiva del personal a tareas de I+D+i c) Actuación 3. Certificación de la capacidad de innovación

Cuantía

– Actuaciones 1 y 2. Subvención a fondo perdido de hasta un 60 % del coste del certificado, con un máximo de 3.000 euros.

– Actuación 3. Subvención a fondo perdido de hasta un 75 % del coste del certificado, con un máximo de 1.000 euros.

Plazo

El plazo para presentar la solicitud finaliza el día 2 de julio de 2019.

Si quieren saber más pueden acceder al documento a través del siguiente enlace:

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/05/pdf/2019_5766.pdf

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La Comunicación con las Administraciones.

La mayoría de los ciudadanos y empresarios debemos estar en contacto con las diferentes administraciones públicas para poder realizar trámites y recibir notificaciones de éstas, según lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Actualmente, la administración pretende centralizar en un único portal web las diferentes comunicaciones y trámites que podemos realizar, sin embargo aún existen varios portales web.

Tanto las personas físicas como jurídicas podemos acceder a estos portales web de manera gratuita. El requisito para acceder a las diferentes sedes electrónicas es la obtención de un certificado digital o DNI electrónico.

Estas sedes electrónicas funcionan mediante un buzón electrónico. Es importante tener en cuenta que una vez que estemos registrados en ellas, dejaremos de recibir notificaciones en soporte papel a nuestro domicilio, por lo tanto, es conveniente revisar el buzón electrónico con frecuencia, ya que las notificaciones expiraran en un periodo de 10 días.

La Administración General del Estado dispone de la siguiente página web: https://administracion.gob.es. En ella podemos acceder a una pestaña denominada trámites, en la que se encuentra la Dirección Electrónica Habilitada ó 060. Los organismos emisores, de los que podemos recibir notificaciones de esta página, son la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y Entidades Locales.

Sin embargo, aún hay comunidades y localidades que disponen de sus propias sedes electrónicas, como en el caso de la Comunidad Valenciana (https://sede.gva.es) y el Ayuntamiento de Alicante (https://sedeelectronica.alicante.es).

La Seguridad Social dispone de una página web (https://sede.seg-social.gob.es) en la que se pueden gestionar las notificaciones administrativas de los diferentes organismos y entidades de la Seguridad Social. La Dirección General de Tráfico también dispone de una página web (https://sede.dgt.gob.es) en la que se pueden recibir notificaciones, en materia de tráfico de aquellas administraciones que dispongan de competencia sancionadora.

Para cerciorarnos de nuestra seguridad a la hora de realizar trámites mediante internet, debemos fijarnos que las páginas que la Administración General del Estado pone a nuestra disposición, deben estar bajo el dominio gob.es.

El Código LEI

Es un código identificador de entidad jurídica, global y único, basado en el estándar ISO17442. Se utiliza para identificar a las personas jurídicas que forman parte de transacciones financieras en cualquier parte del mundo.

También sirve para cumplir con los requisitos de información que establecen los mercados financieros, según lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea.

El objetivo principal de este código es mejorar la gestión de los riesgos financieros que se puedan producir. Las entidades que deben tener este código son las que operan con instrumentos financieros, como:

  • Bancos y compañías financieras.
  • Entidades que emitan acciones, deuda o valores.
  • Entidades que coticen en bolsa.
  • Entidades que comercialicen con acciones o deuda.

En España, el órgano que emite y regula este código es el Registro Mercantil, según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la unión europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.

Este código se puede solicitar vía internet en https://www.justicia.lei.registradores.org/, donde la persona jurídica deberá rellenar una serie de campos, para que finalmente pueda imprimir la solicitud que deberá ser firmada y presenta en el Registro Mercantil, junto con el justificante pago.

Una vez que el registrador verifique los datos del solicitante, éste recibirá el código por email en un plazo no superior a 15 días. Este código será válido durante un año, a partir de la fecha de emisión, por lo tanto tendrá que ser renovado cada año.

REGISTRO DE JORNADA DE TODOS LOS TRABAJADORES

El pasado 21 de marzo se publicó en este mismo blog un artículo dedicado a las medidas establecidas en el R. D. Ley 8/2019 publicado el día 12 del mismo mes.

Ese artículo hace especial referencia a la nueva obligación de registrar la Jornada de todos trabajadores, indicando que todas las empresas estarán obligadas a llevar un registro de entrada y salida de cada trabajador, ya tenga jornada parcial o completa.

Tal y como dijimos en el artículo del día 21 de marzo, el Real Decreto Ley, que introduce esta nueva obligación en cuanto a los trabajadores a tiempo completo, estaba pendiente de ser convalidado por el Congreso y, dicha convalidación se ha hecho efectiva el pasado miércoles día 3 de abril, por lo que el registro de la jornada de todos los trabajadores de la empresa se convierte en una obligación más para aquellas.

En concreto, este Real Decreto Ley introduce un nuevo apartado, el 9, en el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores con la siguiente redacción:

«9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Como se aprecia, la obligación conlleva registrar la hora de entrada y salida de cada día de trabajo y de cada trabajador.

El incumplimiento de esta medida será sancionado como infracción grave, según la nueva redacción del art. 7 de la LISOS.

Esta medida de registro entrara en vigor el día 12 de mayo de este año.


Esperamos que la presente información haya sido de su interés, y recuerden que, para ampliar información sobre lo anterior pueden ponerse en contacto con nosotros, su Asesoría en Alicante.

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Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

El pasado 5 de Marzo se aprobó el Real Decreto Ley 7/2019 de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, con el fin de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Esta reforma ha supuesto la modificación de los siguientes puntos:

  • El establecimiento de una prórroga del contrato, que será de 5 años para las personas físicas y de 7 años para las personas jurídicas.
  • El plazo para avisar a los inquilinos de la no renovación del contrato, será de 4 meses por parte del arrendador y de 2 meses por parte del arrendatario. En el caso de que llegue la fecha de vencimiento y ninguna de las dos partes comunique la no renovación del contrato, se prorrogará por 3 años más.
  • En el caso de que el propietario quisiera o se viera obligado a volver a la vivienda, por circunstancias personales o de necesidad, el inquilino deberá abandonar la vivienda, pero solo si dichas causas se encuentran establecidas en el contrato.
  • Durante la vida del contrato, el arrendador podrá modificar el precio de la renta en función de la variación del IPC. Está previsto el establecimiento de un índice estatal de referencia de precios para que exista un punto de referencia y un mayor control sobre los precios.
  • Las comunidades de propietarios, deberán incrementar su fondo de reserva en un 10% con el fin de destinarlos a la realización de obras para mejorar la accesibilidad, para ello la administración pública contribuirá, también, con un 75%.
  • Con respecto a las viviendas turísticas, estas deberán ser comercializadas o publicitadas a través de canales de ofertas turísticas. Sin embargo, este nuevo Real Decreto Ley, concede a las comunidades de propietarios la posibilidad de decidir si esta actividad puede darse o no, mediante una mayoría de tres quintos.
  • Fiscalmente se ha modificado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con el fin de bonificar un 95% a las viviendas que estén en alquiler. Por otra parte, a las viviendas que se encuentran desocupadas se les aplicará un recargo en dicho impuesto. Con respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedará eliminado de los alquileres.

Respecto a la normativa anterior, podemos sacar en conclusión que todas estas modificaciones tratan de proteger más al inquilino en este tipo de contratos.

SUBVENCION: AUTONOMOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En el DOGV de fecha 15 de marzo de 2019 se ha publicado el extracto de la Resolución de la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar los costes fijos de inclusión en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social dentro del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 2019.

1.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar dadas de alta en el régimen especial de autónomos.

b) Cumplir dentro del año natural de la convocatoria (2019) un período de cotización mínimo de tres años y máximo de cinco años ininterrumpidos.

c) Desarrollar su actividad económica a título lucrativo, de forma habitual, personal y directa en la Comunidad Valenciana.

d) No contar con más de nueve personas trabajadoras contratadas por cuenta ajena el día de publicación de la convocatoria.

e) Tener cumplidos ya los 19 años de edad.

2.- Objeto

El objeto es convocar, para 2019, ayudas para financiar los costes fijos de inclusión en el Régimen de Autónomos, de las personas trabajadoras autónomas de la Comunitat Valenciana que hayan cotizado o estén en condiciones de cotizar al menos tres años y hasta un máximo de cinco años ininterrumpidamente.

3.- Cuantía

La cuantía de la subvención será de 2.700 euros, salvo en los supuestos siguientes donde la subvención será de 2.850,00 €:

– Mujeres víctimas de violencia de género.

– Personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %.

– Personas víctimas del terrorismo.

– Personas con 48 o más años de edad.

4.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 21.03.2019 hasta el 03.04.2019, ambos días incluidos.

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MEDIDAS DEL R. D. LEY 8/2019. ESPECIAL REFERENCIA AL REGISTRO DE JORNADA DE LOS TRABAJADORES

En el B.O.E. 12 de marzo de 2019 se ha publicado el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Con esta publicación se pretende garantizar algunos derechos sociales y el mantenimiento y estabilidad del empleo. No obstante, su publicación, esta norma debe ser convalidada por el Congreso en las próximas semanas.

En concreto, en este artículo, se va a desarrollar las modificaciones que esta norma realiza del art. 35 del Estatuto de los Trabajadores y del art. 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, ambas modificaciones relacionadas con el registro de la Jornada de los Trabajadores.

Pero antes conviene enumerar, sucintamente, otras medidas que este Real Decreto Ley introduce en nuestro sistema:

  • Modifica la regulación del subsidio por desempleo para mayores de 55 años.
  • Bonifica la contratación de personas desempleadas de larga duración.
  • Incrementa las cuantías mínimas de la pensión contributiva de incapacidad permanente total para menores de 60 años.
  • Introduce reducciones y bonificaciones  en el sistema especial agrario.
  • Modifica el pago de la cuota del autónomo por la Mutua, entidad gestora o SEPE en las situaciones de incapacidad temporal iniciadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, tras 60 días de baja y en determinadas circunstancias temporales.
  • Para los artistas, amplía el plazo de solicitud de su inclusión en el Régimen General durante los períodos de inactividad.
  • Amplia los beneficios del Fondo de Garantía Juvenil.
  • Recupera el Fondo estatal para ayudar a los inmigrantes.
  • Bonifica los contratos fijos discontinuos en el sector de la hostelería mediante bonificación si se prolongan durante los meses de febrero, marzo y noviembre.
  • Modifica la Ley 47/2015, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.
  • Establece la entrada en vigor a partir del 1 de abril de la ampliación del permiso de paternidad.
  • Establece la creación de un Grupo de Expertos para un nuevo Estatuto de Trabajadores.

En cuanto al registro de la Jornada de los trabajadores, este Real Decreto Ley introduce un nuevo apartado, el 9, en el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores con la siguiente redacción:

«9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

El incumplimiento de esta medida será sancionado como infracción grave, según la nueva redacción del art. 7 de la LISOS.

Hasta ahora, solo existía obligación de registro de aquellos trabajadores que tenían en sus contratos una jornada parcial, es decir, no exista una obligaciones legal de llevar un control de jornada de aquellos que la tenían a tiempo completo. Pero, a partir del 12 de mayo de este año, día de entrada en vigor esta medida, todas las empresas estarán obligadas a llevar un registro de entrada y salida de cada trabajador, quedando a la libre elección de las empresas como organizar o documentar dicho registro.

Esta medida, interesada por Sindicatos y la propia Inspección de Trabajo, permitirá un mayor control respecto a horas extras no abonadas ni cotizadas y respecto a los abusos en contrataciones a tiempo parciales cuando la jornada real es completa.

No obstante y como se ha dicho, esta nueva obligación tiene prevista su entrada en vigor a partir del 12 de mayo de 2019, y eso si, al final, este Real Decreto Ley es finalmente convalidado por el Congreso. Pero, como dice el refranero español, “cuando el río suena, agua lleva”, ahí lo dejo….


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El abandono de los VTC en barcelona

Taxi, Nueva York, Taxi Amarillo, Nyc

En el mes de Enero en Barcelona se produjo una huelga de taxistas para manifestarse en contra de los VTC. Esta manifestación se debe a las facilidades que disfrutan los VTC como el poder circular sin pasajeros  o que el cliente pueda saber el coste del trayecto gracias a la aplicación de la que disponen. Además, el cliente puede informar de cualquier cosa que les gustaría que el conductor del  VTC realizase cuando llegase.

Debido a estas facilidades,  los taxistas reclamaban que regulasen los VTC y no les dieran tantas facilidades. La generalitat les prometió que a través de un decreto-ley lo regularían. En dicho decreto-ley se eliminaría la geolocalización, prohibirían la circulación sin pasajeros y les obligaría a tener una precontratación mínima de 15 minutos ampliables por los ayuntamientos.

Dicha regulación produjo el abandono de los VTC de Barcelona. La Asociación de Unauto VTC (Asociación con mayor representación) comunicó que gracias a estas medidas se generarían más de 3.000 despidos, que Catalunya sufriría una merma en sus arcas de unos 120 millones de euros al año y 310 millones de aportación al PIB de la Región. Pese a los conflictos que pudieran tener con los taxistas, estos han ofrecido descuentos y facilidades para que los VTC pasen a ser taxistas, ya que para ellos, al final, son personas que quieren trabajar.

Por otro lado, Cabify, entre todo el alboroto, encontró una laguna legal para poder seguir circulando solo necesitando de un preaviso de 15 minutos el primer trayecto. Además, pretende incluir el servicio de taxis en su aplicación. Pese a esto, la vuelta ha sido un fracaso, ya que solo han vuelto 300 coches provocando que los servicios sean insuficientes y los clientes tengan que esperar casi una hora. Y que, si la Generalitat les pilla circulando sin clientes les podrán poner una multa de 4.001 euros, teniendo que hacerse cargo de esta multa el trabajador.

En conclusión, debido a la urgencia de regular los VTC, ha creado una regulación insuficiente. Cabify no ha conseguido ser efectivo en su objetivo de vuelta y los taxistas siguen sin estar contentos. Por lo que quizás deberían volver a tener otra conversación entre las partes y encontrar una forma mas eficaz para que todos puedan seguir trabajando.

SUBVENCIÓN: NUEVOS AUTÓNOMOS CON PROYECTOS INNOVADORES

En el DOGV de fecha 6 de febrero de 2019 se ha publicado el extracto de la Resolución del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por el que se convoca para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas al programa de fomento de empleo del trabajo autónomo.

A continuación indicamos los puntos más importantes de dicho extracto:

1.- Beneficiarios y condiciones.

Personas desempleadas que se constituyan en personal trabajador autónomo o por cuenta

propia.

2.- Objeto

Fomento del emprendimiento por el que se otorga una subvención en concepto de renta de subsistencia a las personas desempleadas que acceden a su empleo a través de la creación de actividad empresarial independiente, mediante su establecimiento como personal trabajador autónomo o por cuenta propia en proyectos innovadores.

3.- Cuantía

La cuantía de la subvención se determinará en función de la pertenencia del solicitante, en el momento del alta, a alguno de los siguientes colectivos:

a) personas desempleadas en general: 2.500 euros

b) personas desempleadas menores de 30 años o mayores de 45 años: 3.000 euros

c) personas desempleadas con diversidad funcional: 3.500 euros

d) mujeres desempleadas víctimas de la violencia sobre la mujer: 4.500 euros.

Los importes establecidos en las letras a), b) y c) se incrementarán en 500 euros en el caso de las mujeres.

4.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el 1 de octubre de 2019. Con carácter adicional, las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la fecha de inicio que conste en la Declaración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios.

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